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La Ley 7434 da luz verde al tren de cercanías, generando polémica por presuntas irregularidades legales y un millonario aporte estatal.
En zona de la Av. Artigas existen residencias que hace décadas se instalaron a escasos metros de las vías del tren, que se verían afectadas por la franja de dominio para la instalación del tren. Foto: Virgilio Vera.
El presidente Santiago Peña promulgó la Ley N° 7434, que busca implementar el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí. Esta normativa, sancionada en diciembre pasado, autoriza a Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima (Fepasa) a firmar contratos de sub-concesión con privados por hasta 35 años. Aunque presentada como un avance en infraestructura, la iniciativa ha despertado fuertes críticas en el ámbito político y ciudadano.
Uno de los principales cuestionamientos radica en que la ley permite a Fepasa evadir normativas clave, como las leyes de concesiones, Alianza Público-Privada (APP) y Contrataciones Públicas. Además, la reforma excluye la participación del Congreso en la aprobación de futuros contratos, otorgando un poder considerable a la institución ferroviaria y al Ejecutivo. Esto genera preocupación entre legisladores que califican el plan como un “cheque en blanco” para un proyecto con limitados controles.
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