Ciudad de Guatemala, 15 nov (EFE).- Guatemala podría cerrar 2022 con más de 3.000 homicidios, lo que representará un aumento por segundo año consecutivo, que no ocurría desde 2013. El analista Carlos Mendoza explica que en medio de un sistema de justicia y fuerzas de seguridad aparentemente enfocadas en perseguir a jueces, fiscales y periodistas, además de la falta de políticas públicas, el Estado no puede garantizar el derecho a la vida.
La tarde del 14 de noviembre, tres asaltantes abordaron un bus extraurbano en el Boulevard Los Proceres, una de las arterias principales de la Ciudad de Guatemala, a pocos metros de la zona hotelera más prestigiosa del país.
Mientras los ladrones tomaban los teléfonos y dinero de las personas, un pasajero los sorprendió disparando su pistola, dejando sin vida a una mujer y a un hombre, que según relatos de testigos, eran dos de los delincuentes.
Durante 2022, en esta misma ciudad, la más grande del país, han sido asesinadas más de 631 personas, mientras que en toda Guatemala se han reportado 1.950 asesinatos de hombres y 335 mujeres entre enero y septiembre, de acuerdo con datos del Centro de Investigaciones denominado Diálogos.
"Estamos viendo que reina la impunidad, cuando desde las cortes y el Ministerio Público (MP, Fiscalía) se manda la señal de que el individuo debe proveerse así mismo de justicia, se genera el incentivo para la violencia", explica Carlos Mendoza, economista y politólogo que lleva 20 años estudiando la violencia homicida, actualmente es analista de Diálogos.
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