Hemos de reflexionar analítica y dogmáticamente sobre aquellas “incidencias” que buscan dar razón a las nuevas “cualificaciones” que se prestan dentro del ecosistema financiero, puesto que, a más de generar dobleces al ciclo de confianza económica (operaciones), también repercuten en las dimensiones sociales, y en tal sentido, podemos exponer aquella determinación teórica que se reconoce como el fenómeno del fraude colectivo.
Es que los parámetros analíticos nos permiten contemplar todo el bloque jurídico detrás y nos visibiliza el objeto que se razona como bien jurídico protegido. En tal contexto, pueden surgir una variedad de conductas que se ejecutan con el fin de lograr beneficios económicos (indebidos) propios y/o ajenos, y que promueven caracteres como “promesas” de rentabilidad, sin que exista negocio real, o ante el reclutamiento de una “cantidad” de personas que invierten en un negocio, que culmina en un colapso inevitable.
En el mismo contexto analítico, la dimensión fáctica constata tales eventos que reclaman una respuesta del sistema legal, instalándose nuevos alcances (tipo), con sanciones ejemplificadoras. Resulta lógico dimensionar que la política criminal se encuentra avistando una nueva realidad (delictual), con alcance a concurrencias colectivas.
Pues bien, algunos supuestos incrementan los niveles de disvalor, en afectación directa con varios otros bienes jurídicos, e inclusive dejando ver, nuevos elementos que trascienden a la desconfianza en el tráfico económico/financiero. Ante ello, lo que (inicialmente) ocupaba un perjuicio en referencia al bien patrimonial “individual”, se ha superado (negativamente) a los canales de punibilidad, ingresando hasta el interés “colectivo”.
Es por tanto que las conductas ilícitas se van sumando en vista al fraude colectivo, por lo que las relaciones que envuelven aquellas “operaciones” financieras, son (actualmente) un campo inmediato para la ejecución directa de fraudes colectivos. Por ende, ciertas disposiciones (a nivel comparado) han postulado el complejo examen del fraude colectivo, exponiendo cada una de las acciones fraudulentas que pueden concebir un perjuicio financiero a un grupo “amplio” de víctimas.
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