Ocho años no han sido suficientes. Pronto el presidente Barack Obama habrá abandonado la Casa Blanca sin poder devolverle la Base de Guantánamo al régimen de los Castro, como era su propósito. Tampoco conseguirá el levantamiento del embargo. Gane Hillary Clinton o gane Donald Trump, el Congreso, casi con toda seguridad, seguirá siendo republicano.
Al presidente de Estados Unidos le es más fácil destruir el mundo que cambiarlo. La autoridad le alcanza para activar las claves nucleares y disparar una lluvia de cohetes atómicos que devastaría el planeta, pero no puede trasladar a su país a un centenar de personas acusadas de terrorismo, enrejadas en una base naval en el Caribe sin haber sido formalmente juzgadas por tribunales competentes.
Los padres fundadores, buenos discípulos de Montesquieu –James Madison solía repetir párrafos de Del espíritu de las leyes— se empeñaron en limitar deliberadamente la autoridad del “ejecutivo” para evitar que se convirtiera en otro Jorge III, el despótico monarca británico derrotado durante la Guerra de Independencia.
Y lo lograron. Crearon tres poderes separados que consiguieron equilibrarse, a veces hasta la parálisis, de los cuales el menos visible ha resultado el más vigoroso: el judicial. No solo por la capacidad de acusar, juzgar y condenar a los individuos, sino por la extraordinaria facultad de revisar la legislación emitida por el Congreso y el Senado, o las acciones del Presidente, y declarar si se ajustan o no a la Constitución.
Pero hay más. La Casa Blanca ha generado instituciones que han cobrado vida propia. La Drug Enforcement Administration (DEA) es una de ellas. La creó Richard Nixon en 1973 con un modesto presupuesto de 75 millones para combatir el narcotráfico y los delitos conexos. Hoy dispone de más de cinco mil agentes y de dos mil millones de dólares anuales.
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