“Acabamos de pagar cerca de G. 600 millones a la abogada de Peña (Víctor Hugo, diplomático)”, respondió molesto ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, al reconocer que la institución sigue pagando indemnizaciones por demandas vinculadas a razones laborales, y el ingreso al escalafón diplomático vía judicial.
El esquema que propició esto por años, según el ministro, es “una cadena de mafias” que incluía a abogados de la Procuraduría General de la República (PGR). “Los montos que quieren cobrar son multimillonarios”, refirió, y reconoció que para el Ministerio a su cargo, significa “una enorme sangría”.
Cuando asumió el actual Gobierno, en agosto de 2013, la Cancillería se encontró con 72 juicios activos que habían promovido funcionarios por diversas circunstancias.
Actualmente, según PGR, existen 119 demandas iniciadas por funcionarios en contra de RREE, en los últimos 3 años. 80 se hallan en pleno trámite.
Sin embargo, el abogado Rubén Darío Ortiz, director de Asuntos Legales, maneja otros números que los dará a conocer hoy.
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