Si algo nos han enseñado tantos años lidiando con nuestros políticos, expertos en tráfico de influencias con intereses oscuros y direccionamientos amañados, es que, con ellos, toda sospecha es poca, por lo general nos quedamos cortos. La “aplanadora” oficialista en el Senado sorprendió en los últimos días de 2024 con la aprobación exprés de importantes modificaciones a la ley 5102/13, de Alianza Público-Privada (APP), con la introducción de una larga lista de flexibilizaciones, referidas, por ejemplo, al tamaño de los proyectos, los topes de participación estatal y, cuidado con esto, los porcentajes de “exposición fiscal”, así como una muy considerable ampliación de la facultad discrecional del Poder Ejecutivo para hacer y autorizar cambios de esos valores. ¿Qué se traerán entre manos?.
Si algo nos han enseñado tantos años lidiando con nuestros políticos, expertos en tráfico de influencias con intereses oscuros y direccionamientos amañados, es que, con ellos, toda sospecha es poca, por lo general nos quedamos cortos. La “aplanadora” oficialista en el Senado sorprendió en los últimos días de 2024 con la aprobación exprés de importantes modificaciones a la Ley 5102/13, de Alianza Público-Privada (APP), con la introducción de una larga lista de flexibilizaciones referidas, por ejemplo, al tamaño de los proyectos, los topes de participación estatal y, cuidado con esto, los...
La Alianza Público-Privada es una herramienta que se utiliza en muchos países para proyectos de infraestructura, pero que tiene un problema. A diferencia de la “concesión de obra pública”, en la que el inversionista asume el negocio por su cuenta y riesgo, como normalmente ocurre y tiene que ocurrir en cualquier emprendimiento privado, en la APP el Estado entra al negocio como “socio” y, como tal, actúa como el gran garante. Si hay beneficios, todos contentos. Las cuentas se pagan con la recaudación (con los peajes, si es una ruta), los privados obtienen sus rentas y el Estado cumple sus...
Es por este motivo que en las leyes de APP habitualmente se incorporan topes, restricciones y condicionamientos que atenúen o limiten esa “exposición fiscal”, lo que muchas veces las hace “poco atractivas” para inversionistas en busca de buenas ganancias con mínimos riesgos.
En Paraguay, la Ley 5102 se aplicó por primera y hasta ahora única vez en la ampliación del corredor Asunción-Ciudad del Este, antes rutas 2 y 7, ahora solo PY02, adjudicada contra viento y marea a la polémica constructora española Sacyr en 2016, durante el gobierno de Horacio Cartes. La contratista (sobre la que pesaban malos antecedentes e impedimentos que se pasaron por alto) tuvo problemas con el financiamiento inicial y también se cuestionó el presupuesto total declarado. No obstante, aunque con retraso, es cierto la obra se llevó adelante y en casi diez años está prácticamente...
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