A poco más de un mes de haberse formulado una denuncia penal por un presunto abuso sexual de una niña Mbya Guaraní, madre de una bebé de 2 años, quienes presentaron la denuncia, los líderes indígenas Porfirio Gayoso y Víctor Sosa, de la Comunidad Indígena Jaguary, del Dpto. de Caaguazú, fueron detenidos por la policía el día lunes 13 de julio. Asimismo, su abogada, Elizabeth Alcaraz, amenazada con igual suerte, luego que la Agente Fiscal en lo Penal de J. E. Estigarribia (ex Campo 9), Norma Salinas Daiub, solicitara prematuramente la desestimación de la investigación penal. A la CODEHUPY preocupa
A poco más de un mes de haberse formulado una denuncia penal por un presunto abuso sexual de una niña Mbya Guaraní, madre de una bebé de 2 años, quienes presentaron la denuncia, los líderes indígenas Porfirio Gayoso y Víctor Sosa, de la Comunidad Indígena Jaguary, del Dpto. de Caaguazú, fueron detenidos por la policía el día lunes 13 de julio. Asimismo, su abogada, Elizabeth Alcaraz, amenazada con igual suerte, luego que la Agente Fiscal en lo Penal de J. E. Estigarribia (ex Campo 9), Norma Salinas Daiub, solicitara prematuramente la desestimación de la investigación penal.
A la CODEHUPY preocupa especialmente esta situación, dado el contexto de impunidad que existe en relación a los hechos punibles donde son víctimas los indígenas, en particular las niñas y niños. En relación a la Comunidad Jaguary, según relatan algunos de sus miembros, no es posible dejar fuera del análisis que la misma es víctima de la apropiación ilegal de sus tierras mediante formas de arrendamiento prohibidas, que permiten el cultivo de soja por parte agentes del agronegocio que han montado un esquema de alianzas, cooptando, a un sector de la comunidad haciéndolos funcionales a...
En ese contexto, la Codehupy ha llegado hasta la zona y ha accedido a testimonios de diversos sectores indígenas y no indígenas, que dan cuenta de forma creíble y que amerita la consideración de los órganos responsables de investigación. Esta es una situación generalizada de abusos y explotación sexual de la cual serían víctimas los niños y niñas de la comunidad Jaguary, e incluso de otras dos comunidades más de la zona que se encuentran enmarcadas en un largo conflicto irresuelto de propiedad territorial.
El caso denunciado penalmente sería representativo de una situación mucho más grave que el Ministerio Público se niega a investigar de forma efectiva, clausurando la ventana abierta con la denuncia que acaba de ser desestimada, sin que se hayan realizado pesquisas esenciales en detrimento de la seguridad de niñas y niños que podrían seguir en riesgo y sobre quienes tampoco, aún rigen medidas efectivas de protección y reparación integral, dejando a estos niños y niñas y a sus familias en una indefensión que no está siendo revertida de forma interinstitucional y culturalmente apropiada.
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