El proyecto de ley denominado “antichicanas”[1] es una iniciativa legislativa de la Corte Suprema de Justicia y fue remitida al Congreso de la Nación el pasado 5 de agosto para su estudio. La propuesta legislativa pretende evitar la dilación o el excesivo retraso que se produce en los distintos procesos judiciales, a partir del uso […]
El proyecto de ley denominado “antichicanas”[1] es una iniciativa legislativa de la Corte Suprema de Justicia y fue remitida al Congreso de la Nación el pasado 5 de agosto para su estudio.
La propuesta legislativa pretende evitar la dilación o el excesivo retraso que se produce en los distintos procesos judiciales, a partir del uso de la facultad procesal que tienen las partes del mismo para recusar a los magistrados, cuya imparcialidad consideran se encuentra comprometida.
La posibilidad de recusar a un magistrado es una facultad necesaria del que gozan los ciudadanos sometidos a un proceso, para garantizar el derecho constitucional a ser juzgado por tribunales y jueces imparciales. La imparcialidad implica, en este sentido, la ausencia de una inclinación de parte del juez para fallar a favor o en contra de una persona en específico, a raíz de circunstancias personales (ej. familiaridad, amistad, enemistad, etc.).
No obstante, la legítima facultad de recusar, más que para garantizar el derecho a una justicia imparcial, se ha utilizado con mayor frecuencia con fines espurios como una fórmula eficaz para dilatar procesos, conseguir magistrados a medida y, en general, como una mera estrategia de litigación.
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