La ley 6977 que acaba de poner en vigencia el Gobierno es un paso correcto en la dirección apropiada. Era el impulso que se necesitaba en el mercado energético para romper la inercia casi criminal en que nos ha estado sumiendo la idea de que con dos hidroeléctricas gigantescas, el futuro energético del país estaba asegurado por décadas.
Uno de los aspectos más resaltantes de la ley es que no sólo promueve la participación privada para la producción y comercialización de energía de fuentes no hidráulicas sino que además impulsa la libre competencia en contratos de generación abriendo el negocio a la inversión privada. Y un detalle para nada menor: busca dar al país un mayor rango de competitividad en la oferta regional de energía reemplazando las fuentes de generación fósil, biomasa e hidráulica. Este es un camino directo a la transformación de la matriz energética paraguaya.
Hasta aquí lo positivo. Ahora, los obstáculos a vencer. El principal, la ANDE, un monopolio estatal estratificado, caro e inviable en su formato original, negación por antonomasia del principio de eficiencia vigente en el sector privado. Su plantilla desproporcionada, sus exorbitantes gastos salariales y otros drenajes presupuestarios tóxicos atentan contra sus finanzas que podrían ser sólidas. Es imperativa su transformación y adecuación al mercado energético del siglo XXI.
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