El presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, declaró que debemos dejar de lado las sociedades anónimas y convertirlas en accionarias para transparentar las empresas. “Están mal vistas las SA”, manifestó.
En contacto con ABC Cardinal, Valdovinos aseguro que -en la región- Panamá era el único otro país que contaba con sociedades anónimas y que fue sancionado luego de los últimos escándalos. “Nos quedan dos opciones: hacemos caso omiso a como trabaja el mundo y nos hacemos los patoteros y seguimos trabajando con un tipo de sociedad que está mal vista por todo el mundo o nos adaptamos a una verdera economía globalizado donde la prevensión del lavado dinero es importante. Podemos avanzar y eliminar las SA o ser escrachados”, resaltó. Actualmente solo Paraguay, Grecia y Turquía mantienen este...
Asimismo, explicó que las sociedades anónimas pasarían a llamarse sociedades accionarias, por lo que las siglas no cambiarían. “Se busca transparentar y saber quiénes son los dueños de las sociedades anónimas, para combatir el lavado de dinero y la financiación terrista", relató. Los bancos locales necesitan trabajar con bancos norteamericanos pero estos cada vez están siendo mucho más estrictos porque dicen: están operando con que nisiquiera sabemos quienes son sus dueños. A consecuencia de ello muchos banchos sufrieron el cierre de sus cuentas, según Fernández Valdovinos.
El presidente Horacio Cartes pidió a la Cámara de Diputados el tratamiento con urgencia del proyecto de ley que elimina las sociedades anónimas (SA), según informaron ayer en Mburuvicha Róga. La propuesta legislativa obliga a que las SA emitan acciones nominativas y no al portador, para así combatir el lavado de dinero y el blanqueo de acciones, según argumentaron.
El único problema que existe hoy en la Ley de Bancos es la autorización judicial que estará siendo tratado hoy en el Senado. “No sería malo si ese obstáculo no existiera en la legislación actual pero el gran problema es que va a quedar la impresion de que el Paraguay pone obstáculos legales a la tarea de la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de dineros o Bienes (Seprelab)”, explicó Fernández Valdovinos.
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