En esta Navidad se cumplirá un año de la ocupación y destrucción de las plazas de Armas y Juan de Salazar por quienes ocupaban, también ilegalmente, la calle Comuneros, donde violaban con asombrosa impunidad toda la normativa municipal de seguridad antiincendios y todo sentido común. En nuestro país ni las plazas fundacionales de nuestra historia pertenecen a la ciudadanía. Los Gobiernos más corruptos de que haya sido víctima el pueblo paraguayo convirtieron hasta estos lugares fundamentales en meros terrenos para provecho particular de averiados que dirigen muchas seccionales, destruyendo deliberadamente así la memoria histórica del pueblo paraguayo.
En esta Navidad se cumplirá un año de la ocupación y destrucción de las plazas de Armas y Juan de Salazar por quienes ocupaban, también ilegalmente, la calle Comuneros, donde violaban con asombrosa impunidad toda la normativa municipal de seguridad antiincendios y todo sentido común.
Aquel día, un año atrás, las casas de los invasores fueron pasto de las llamas, que, no casualmente sino causalmente, incendiaron los anexos nuevos del Cabildo de Asunción, edificio ordenado como Palacio de Gobierno por Carlos Antonio López, joya histórica y arquitectónica de nuestra capital que fue puesta en grave riesgo por estos ocupantes ilegales.
La ley 6284, que se encuentra plenamente vigente, ordena en su artículo 2 que la Secretaría Nacional de Cultura y la Policía Nacional velen “por la protección y defensa” de aquellas plazas, las de Armas y Juan de Salazar.
Pero, además, el Código Penal tipifica en su artículo 142 que instalarse “sin consentimiento” en un inmueble ajeno es un hecho punible a ser castigado con pena privativa de libertad; en su artículo 157 dispone que destruir o dañar una cosa ajena es también un hecho punible a ser castigado con pena privativa de libertad y que la víctima debe encargarse de la persecución penal; en su artículo 158 dice que destruir una cosa destinada al uso público o embellecimiento de vías públicas, plazas o parques, es otro hecho punible a ser castigado con pena privativa de libertad.
Leer la nota completa en Diario ABC
