Las oficinas parlamentarias son solo una muestra más del despilfarro del dinero público que hacen los legisladores. El argumento para justificar este derroche del Presupuesto sostenido por los contribuyentes es la necesidad de tomar contacto directo con las inquietudes ciudadanas. Sin embargo, no solamente no se cumple con este objetivo, sino que, además, desde la creación de estas oficinas tan solo han servido de excusa para ubicar a los operadores políticos. Ante este despropósito, corresponde que el nuevo presidente de la Cámara de Diputados suprima de una vez las inútiles sedes regionales.
Una muestra de la sordera para seguir ignorando el clamor de la calle es que el presidente saliente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, investigado por la Justicia, creó sin motivo alguno que las justificara 27 nuevas direcciones y coordinaciones para ubicar a los recomendados de sus colegas parlamentarios, como publicó recientemente este diario.
Pero eso no es todo, hay más ejemplos del derroche que se hace del sufrido aporte de los paraguayos para sostener al Estado, y es sin lugar a dudas la creación, desde el 2010, de las denominadas oficinas regionales. Las funciones de estas son, supuestamente, escuchar las inquietudes ciudadanas en cada departamento y estar más cerca de los requerimientos y puntos de vista de los representados.
Comenzaron con uno o dos funcionarios y de a poco fueron aumentando la cantidad de amigos y correligionarios que cobran salarios pagados por los contribuyentes al Fisco hasta completar hoy más de un centenar. En cada periodo parlamentario se fueron agregando mayor número de funcionarios en estas dependencias, y se puede presumir que en la mayoría de los casos son operadores políticos que ni siquiera acuden a sus oficinas.
Actualmente, y de acuerdo con datos de la Cámara de Diputados, en total son 120 los funcionarios adscritos a las oficinas parlamentarias. El control de asistencia a los mismos es prácticamente nulo, ya que están a cargo de las instituciones en donde están instaladas sus oficinas, y la mayoría no cuenta con reloj biométrico que pueda servir para corroborar la presencia.
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