Cuando el Estado entra en economía de guerra, la economía real no queda indemne. Paraguay recauda alrededor de USD 5.300 millones al año. Y, antes de empezar el año, el Estado arrastra más de USD 1.000 millones en deudas con proveedores de medicamentos, insumos y obras públicas. Y cuando el Estado no puede pagar, la economía real lo siente: hospitales desabastecidos, obras paralizadas, empresas sin liquidez, empleos en riesgo. Con una presión tributaria cercana al 11% del PIB, sumado a las rigideces del Presupuesto Público, el Paraguay no puede sostener un Estado moderno. Uruguay, por ejemplo, tiene un malgasto estimado del 3,7% del PIB, pero puede absorberlo porque recauda cerca del 27% del PIB. La verdadera economía de guerra no es contra el gasto social ni contra la inversión útil. No se puede pedir sacrificios a los que ya pagan mientras se mantienen privilegios que no generan desarrollo. La guerra es contra el malgasto y la insuficiencia de ingresos que impide que el Estado cumpla su rol y que la economía alcance su verdadero tamaño.
En los últimos días se instaló la idea de que Paraguay atraviesa una “economía de guerra”. El mensaje oficial intenta tranquilizar: la economía estaría “sana”, y el ajuste sería solo para el Fisco. Pero esa separación, aunque útil para comunicar, no resiste un análisis. Cuando el Estado entra en economía de guerra, la economía real no queda indemne. Y hoy el Estado paraguayo está financieramente asfixiado.
Los números hablan por sí solos. Paraguay recauda alrededor de USD 5.300 millones al año. Solo en salarios, el Estado destina más de USD 3.000 millones. El servicio de la deuda consume otros USD 1.100 millones. Los programas sociales esenciales –Adulto Mayor y Caja Fiscal– suman cerca de USD 800 millones. Y, antes de empezar el año, el Estado arrastra más de USD 1.000 millones en deudas con proveedores de medicamentos, insumos y obras públicas.
Con esta estructura, el margen de maniobra es prácticamente nulo. No hay magia posible: el Fisco ya está en rojo antes de ejecutar un solo proyecto nuevo. Y cuando el Estado no puede pagar, la economía real lo siente: hospitales desabastecidos, obras paralizadas, empresas sin liquidez, empleos en riesgo. Eso también es un impuesto, solo que pagado, en especie, por los ciudadanos.
La convergencia fiscal, necesaria, se aplicó –en mi opinión– en el orden equivocado. Primero se exigió disciplina, y después se pensó en cómo fortalecer la gestión y uso eficiente de los ingresos. Es como pedirle a un paciente anémico que corra una maratón para recuperarse. El resultado era previsible: el ajuste recayó sobre proveedores, inversión pública y servicios esenciales, acelerando el deterioro que se pretendía evitar.
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