La revisión del Anexo C es permanente - Económico - ABC Color

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El establecimiento de la tarifa de Itaipú es una cuestión técnica, usual y de trámite formal cada año en la entidad, aprobada en el Directorio y Consejo de la binacional; sin embargo, en los últimos años y principalmente desde 2019 este tema se transformó en un tema sensible a raíz de los acontecimientos originados durante la fallida negociación entre la ANDE y Eletrobras para determinar las proporciones de adquisición del producto de la Itaipú por parte de las comercializadoras mencionadas.

De vuelta, apenas una chispa de rumor de posible reducción de la tarifa a ser aplicada para el año 2022 en una supuesta reunión de Directorio de la entidad, se escucharon todo tipo de manifiestos y advertencias desde diversos sectores de la sociedad, en especial de algunos actores políticos que, evidentemente, articulan plataformas políticas para ganar notoriedad y conseguir adeptos a sus causas en una eventual campaña electoral partidaria.

Por otro lado, la confianza en la administración del país se vio notablemente debilitada en los últimos tiempos. De todas maneras, todos tenemos derecho a manifestarnos desde nuestro sano juicio y entender sobre este tema apasionante y complejo.

Con relación al controvertido tema de revisión del Anexo “C” del Tratado de Itaipú, que establece las Bases Financieras y de Prestación de Servicios de Electricidad, en su cláusula VI, prescribe: Las disposiciones del presente Anexo serán revisadas después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por la Itaipú para la construcción del aprovechamiento, y la relación entre las potencias.

Aquella fecha sería en abril del 2023, por su parte, según mi apreciación, como ya hubiera ocurrido en tiempos pasados, nada impide que la modificación, incluso del contenido del Tratado, pueda plantearse en cualquier instancia; se trata de un acuerdo que mientras reúna los requisitos de: capacidad legal de las partes contratantes, ausencia de vicios del consentimiento, licitud en el objeto, motivo o fin, consentimiento manifestado en la forma que la ley establece, no debería existir impedimento alguno; de hecho, se trata de un instrumento vigente de casi medio siglo.

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