La doctrina internacional nos ha vislumbrado con respecto al debate titulado compliance failure (“compliance” se refiere al sentido de cumplimiento normativo aplicable, y “failure” considera el incumplimiento o la falla de la aplicación). Pues bien, se ha abordado aquella incidencia del oficial de cumplimiento a los efectos de “razonar” sobre la posible obligación de evitar todos los injustos económicos/financieros, mientras que ha transitado lo gnoseológico de un modelo de diligencia profesional, desde la obligación de medios, pero no de resultado.
Subsiguientemente, la dogmática ha razonado sobre cierta responsabilidad que podría atribuirse desde aquellos “casos” de comisión por omisión, y ante un deficiente programa de compliance y/o una aplicación errónea del mismo. Asimismo, ocupa un análisis (inédito) desde el incumplimiento de funciones, ante existencia del daño (perjuicio patrimonial), y la consideración del nexo causal entre el daño económico y la comisión interesada.
La consigna se acrecienta ante los supuestos (fácticos), cuando una “empresa” no cumple con las normativas (nacionales e internacionales) contra el lavado de activos y/o omite generar reportes sobre operaciones sospechosas a las unidades de inteligencia financiera (respectiva). Ahora bien, desde lo ontológico sigue la discusión respecto al compliance, porque según la literatura mayoritaria se propone a partir del ámbito empresarial anglosajón, conforme a la gestión de riesgos corporativos.
Es por tanto que estamos ante un conjunto de normas y procedimientos internos, relevados a una empresa para garantizar la legalidad de sus actividades financieras. Es decir, se busca culturalizar la legalidad “corporativa” a fin de prevenir los delitos empresariales como el fraude y la “corrupción”, transformándose en un pronostico procesal para conectarse como medio de prueba en lo que respecta a la actividad de la persona jurídica, y confirmar la adopción de medidas de prevención y control para excluir o atenuar la responsabilidad penal.
Por consiguiente, el contexto (investigado) refiere a ciertos “modelos” de prevención de delitos económicos/financieros, para buscar determinar en razones (lógicas), lo atinente al cumplimiento (debido) de control y vigilancia a las personas jurídicas. Así, el lineamiento de cumplimiento del derecho dentro del ámbito corporativo responde a las acciones para suprimir a todas las organizaciones delictivas y evitar que el sector empresarial se vuelva un soporte de la delincuencia transnacional.
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