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Informes de la SIU basados en chats del diputado Lalo Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes exponen una red de influencia judicial y nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posibles sicariatos.
Las investigaciones sobre el clan Gomes, encabezado por el fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, exponen una estructura criminal que operó en la política, la justicia y el narcotráfico. Dos informes elaborados por la Unidad de Inteligencia Sensible Antinarcóticos (SIU) y la Europol revelan una red con capacidad de infiltración institucional, vínculos con grupos delictivos regionales y maniobras para asegurar impunidad.
Uno de los ejes de la investigación es Lizany Solís Gómez, sobrina de Lalo y funcionaria de la Cámara de Diputados. El informe de la SIU, de más de 330 páginas, detalla al menos ocho hechos en los que la mujer habría intervenido para influir sobre fiscales y jueces. Según los chats extraídos del teléfono de Lalo Gomes, Solís actuaba como intermediaria entre el clan y operadores judiciales, coordinando acciones para obstruir investigaciones y filtrar información confidencial.
Entre los nombres mencionados figura el del exfiscal adjunto antidrogas y actual ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz, a quien el informe señala en varias conversaciones con Lalo y Solís. En una de ellas, Solís habría solicitado interceder ante Alcaraz por un caso vinculado al presunto sicario Kadu Cezar Machado, detenido en 2019. En ese tiempo, Solís era asistente del fiscal antinarcóticos Marcos Amarilla, cargo que le permitió gestionar beneficios judiciales para miembros del clan.
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