<p>El juez miembro del Tribunal de Apelacion en lo Penal y coordinador de la Oficina Tecnica Penal Adolescente, doctor Camilo Torres, junto con jueces de la Circunscripcion Judicial de Central, mantuvo este jueves una reunion en la que se abordo la ejecucion de medidas en el Foro Penal Juvenil. Durante el encuentro se resolvio solicitar el cumplimiento estricto de las normas internacionales y del Libro V del Codigo de la Ninez y la Adolescencia, asi como promover futuras reuniones con autoridades del Ministerio de Justicia y un plan de capacitaciones para operadores del sistema.</p>
El juez miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal y coordinador de la Oficina Técnica Penal Adolescente, doctor Camilo Torres, junto con jueces de la Circunscripción Judicial de Central, mantuvo este jueves una reunión en la que se abordó la ejecución de medidas en el Foro Penal Juvenil. Durante el encuentro se resolvió solicitar el cumplimiento estricto de las normas internacionales y del Libro V del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como promover futuras reuniones con autoridades del Ministerio de Justicia y un plan de capacitaciones para operadores del sistema.
El doctor Camilo Torres destacó que durante la reunión se acordó solicitar formalmente al Ministerio de Justicia que en todos los centros educativos se garantice el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las normas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, especialmente en lo referente a la separación efectiva entre adolescentes condenados y procesados.
Asimismo, señaló que se tendrá en cuenta el respeto integral de los procesos de desintoxicación y la implementación efectiva de centros de semilibertad que funcionen como instancia de transición hacia la reinserción social.
Además, desde la OTP se remarcó que el objetivo central es dar cumplimiento al Libro V del Código de la Niñez y la Adolescencia, orientado a la reinserción. En ese sentido, se consideró que el contexto actual, con un número reducido de adolescentes privados de libertad y el respaldo de instrumentos internacionales que promueven el uso mínimo de la prisión preventiva, constituye una oportunidad para avanzar en reformas estructurales.
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