Ya se había visto a “campesinos sin tierra” invadir inmuebles bajo la dirección de conductores de vehículos de alta gama, pero nunca que una casa transportada por un camión haya sido instalada en uno de ellos para simular una ocupación antigua e impedir así el desalojo judicial del usurpador, como ocurrió hace un par de semanas en Abaí (Caazapá) y revela hasta qué grado de sofisticación han llegado las invasiones de predios rurales. La inseguridad jurídica generada por los usurpadores impunes afecta no solo al legítimo propietario, sino también a todo el país, dado que desalienta las inversiones. Se entiende así que el Senado trate mañana un proyecto de ley presentado por varios de sus miembros que aumenta la pena de cárcel por invasión de inmueble ajeno. Es de desear que la iniciativa sea aprobada y que las autoridades punitivas se decidan a aplicarlas.
Ya se había visto a “campesinos sin tierra” invadir inmuebles bajo la dirección de conductores de vehículos de alta gama, pero nunca que una casa transportada por un camión haya sido instalada en uno de ellos para simular una ocupación antigua e impedir así el desalojo judicial del usurpador, apoyado por un funcionario local de la Dirección del Registro Civil. El extravagante suceso ocurrió hace un par de semanas en Abaí (Caazapá) y revela hasta qué grado de sofisticación han llegado las invasiones de predios rurales, incluidas las reservas naturales públicas.
Esta práctica delictiva persistirá mientras la norma constitucional que garantiza la propiedad privada y la declara inviolable no se haga cumplir mediante la aplicación rigurosa del Código Penal, que castiga con multa o con hasta dos años de prisión el ingreso individual o colectivo en un inmueble ajeno, con violencia o clandestinidad; la pena se eleva a cinco años, cuando la invasión apunta a instalarse en él. Nadie puede ser privado de su propiedad sino mediante un fallo judicial, pero se admite la expropiación fundada en la utilidad pública o el interés social; estas causales suelen ser...
La inseguridad jurídica generada por los usurpadores impunes afecta no solo al legítimo propietario, sino también a todo el país, dado que desalienta las inversiones. Se entiende así que el Senado trate mañana un proyecto de ley presentado por varios de sus miembros, de diversos partidos, que aumenta hasta seis años la pena de cárcel por invasión de inmueble ajeno; llegaría a diez, si hubiera daño patrimonial. La iniciativa es sensata, pero es de lamentar que las leyes penales no sean aplicadas: parece claro que en tal caso no protegerán a la sociedad, por más grave que sea la sanción...
Aunque ya no rija el dilatorio “Protocolo Filizzola”, hace un mes se hallaban paralizados los desalojos de unos 800 predios, debido a las presiones de la Articulación Campesina y Popular (ACIP) y de la Coordinadora Nacional Intersectorial, uno de cuyos dirigentes es el célebre Jorge Galeano: alegó que las Naciones Unidas aconsejan evitarlos mientras dure la crisis sanitaria, argumento que fue recogido en un proyecto de ley “de suspensión de desalojos colectivos rurales o urbanos ante la pandemia”, auspiciado por organizaciones civiles. Si el documento –bien recibido por el senador Miguel...
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