El avance del crimen organizado sobre las instituciones de la República es imparable y sin dudas puede socavar las bases fundamentales de nuestra democracia. La irrupción del poder del narcotráfico en la política, con sus ilimitados e ingentes recursos, propicia la corrupción y la impunidad. El Estado paraguayo ya no puede permitir que la extensa lista de políticos procesados y otros investigados por narcotráfico y lavado de dinero sigan operando con libertad e impúdicamente, debilitando a nuestras instituciones.
El avance de las mafias, el narco y el crimen organizado en la sociedad paraguaya es una dolorosa realidad. Baste recordar el crimen del supuesto narco Ederson Salinas Benítez, también conocido como Ryguasu, en el estacionamiento de un supermercado en Asunción; y el tiroteo durante el Festival Ja'umina, en San Bernardino, en el cual fallecieron el presunto narcotraficante Marcos Rojas Mora y la modelo e influencer Cristina Vita Aranda, quien resultó víctima colateral.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía, en el año 2021 se registró un aumento de los casos de sicariato, con un total de 13 muertes violentas a manos de sicarios en Asunción y Central, lo cual supone que la ciudadanía en medio de sus actividades cotidianas puede ser testigo o víctima colateral de un enfrentamiento entre narcotraficantes, o las acciones de un sicario. No es una película ni una serie, es la realidad que vivimos. Uno de los ejes del problema es la fragilidad institucional de las fuerzas de seguridad; que se explica además por la impunidad basada en la complicidad de la clase...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
