El crimen organizado y la violencia en Ecuador han alcanzado nuevos picos y han vuelto a poner en el centro del debate la controvertida política de legalización de las pandillas implementada en la administración del presidente Rafael Correa (2007-2017).
Parte de esto tiene que ver con la violencia que desembocó en el asesinato del candidato a las elecciones presidenciales Fernando Villavicencio el 9 de agosto, y que marcó un nuevo piso en el deterioro de la seguridad en el país andino. Pero el debate ha traído a colación a grupos criminales organizados, como los Lobos y los Choneros —que se han expandido desde las prisiones, controlando el tráfico transnacional de cocaína en el país y disparando la tasa de homicidios a 26 por 100.000 habitantes en 2022— con pandillas callejeras como los Latin Kings.
No hace mucho, Ecuador se consideraba uno de los países más seguros de Latinoamérica, con tasas de homicidios en el orden de los 5 por 100.000 en 2017. Y al menos parte de ese logro se atribuyó a la innovadora estrategia en el manejo de las bandas callejeras: en lugar de la encarcelación masiva, el gobierno negoció con grupos como los Latin Kings, los Ñetas y los Masters of the Street, y los reconoció como organizaciones sociales legítimas.
El proceso de “legalización” llevó a una desmovilización de las pandillas y a una caída pronunciada de los homicidios. Pero después del asesinato de Villavicencio, estas políticas han sido blanco de fuertes críticas, aduciendo que la legitimación de la presencia de pandillas en el país llevó a los niveles extremos de violencia que se observan actualmente.
En su estudio de 2020 sobre la legalización de las pandillas, titulado “Control social y la pandilla: lecciones que deja la legalización de las pandillas callejeras en Ecuador”, los criminólogos David Brotherton y Rafael Gude, de la City University de Nueva York, exploraron cómo las políticas de legalización en Ecuador afectaron la estructura de las bandas y las relaciones de estos grupos con la sociedad.
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