En 2014 se promulgaba la “ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, que también obliga a la CSJ y al Tribunal Superior de Justicia Electoral, órganos que encabezan el ranking de los que no responden las solicitudes de informes, según Mario Ovelar, jefe de la Dirección de Acceso a la Información Pública (DAIP), dependiente del Ministerio de Justicia. Resulta irónica la paradoja de que el órgano más renuente sea precisamente la máxima autoridad judicial, que dictó una encomiable sentencia en pro del acceso ciudadano a la información pública, y que niega estar en la falta que se menciona. La transparencia es fundamental para el sistema democrático.
La información pública no debe ser escamoteada a la ciudadanía
En 2007, el ciudadano Daniel Vargas Télles quiso saber de la Municipalidad de San Lorenzo cuántos funcionarios y contratados tenía, cómo se llamaban, qué hacían y cuánto ganaban. Como el pedido no fue satisfecho y la consiguiente acción de amparo fue rechazada en primera y en segunda instancia, la Defensoría del Pueblo planteó en 2008 una acción de inconstitucionalidad, resuelta favorablemente por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cinco años más tarde (!): se fundó en que el art. 28 de la Ley Suprema dice que “las fuentes públicas de información son libres para todos” y en que...
El fallo contribuyó a que en 2014 se promulgara la “ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, que también obliga a la CSJ y al Tribunal Superior de Justicia Electoral, órganos que encabezan el ranking de los que no responden las solicitudes de informes, según Mario Ovelar, jefe de la Dirección de Acceso a la Información Pública (DAIP), dependiente del Ministerio de Justicia. Resulta irónica la paradoja de que el órgano más renuente sea precisamente la máxima autoridad judicial, que dictó una encomiable sentencia en pro del acceso ciudadano a la...
El decreto reglamentario de la ley antes citada prescribe que las fuentes públicas con autonomía funcional pueden tener sus propias plataformas o adherirse al portal unificado informático, administrado por el Ministerio de Justicia: la CSJ decidió contar con sus propias vías: electrónica, personalizada y telefónica. Su director de Transparencia y Acceso a la Información Pública, José María Costa, desmintió lo revelado a este diario por su colega ministerial: el dato de que la CSJ no atendió 50 solicitudes sería “erróneo y falso, probablemente atribuible a la falta de certeza y rigurosidad...
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