Resulta ineludible señalar que el sector “energético” se ha transformado en un ámbito económico de riesgo, y con trascendencia (especial) para la corrupción, según el caso, en vista de que posee ciertas características estructurales relevantes, tal como las grandes inversiones de capital y/o la localización de los recursos naturales y/o la participación de numerosos actores públicos y privados. Por lo tanto, puede implicar la presencia de una contratación pública con aristas de riesgo, al decir que pueden advertirse diversos procedimientos “licitatorios”, mediante presencia de empresas que intercambian conocimientos del mercado. Es por tanto que el análisis que se propone, involucra una conexión (posible) entre corrupción, contratación pública y derecho de la competencia; Conforme a todo ello, los programas de cumplimiento podrían identificar conflictos de intereses, y establecer procedimientos transparentes para bloquear todo riesgo de corrupción en el sector energético, sin limitarse a aquello que involucra a la función pública, puesto que, todo el percance se desarrolla en el marco de operaciones técnicas y empresariales, lo que hace necesario detectar y precisar los riesgos económicos.
Resulta ineludible señalar que el sector “energético” se ha transformado en un ámbito económico de riesgo, y con trascendencia (especial) para la corrupción, según el caso, en vista de que posee ciertas características estructurales relevantes, tal como las grandes inversiones de capital y/o la localización de los recursos naturales y/o la participación de numerosos actores públicos y privados.
En tal sentido, tenemos que la energía propone un plan estratégico en toda economía, fundamentalmente para los diversos consumidores; por ende, se debe mitigar toda práctica irregular que perjudica al sistema. Es que, la “corrupción” —según los organismos internacionales— debe ser comprendida como el “aprovechamiento” deshonesto y/o contrario a lo reglado, y encaminado por una posición de “autoridad”, que busca la obtención de beneficios particulares.
Dicho lo anterior, se advierte que el fenómeno de la corrupción trasciende todo comportamiento que pueda llegar a ser concretado dentro del sector público como en el ámbito privado. Por supuesto, debemos comprender que el mercado energético resulta un factor trascendente para las empresas. Por lo tanto, puede implicar la presencia de una contratación pública con aristas de riesgo, al decir que pueden advertirse diversos procedimientos “licitatorios”, mediante presencia de empresas que intercambian conocimientos del mercado.
Es por tanto que el análisis que se propone, involucra una conexión (posible) entre corrupción, contratación pública y derecho de la competencia; y conforme a ello, necesitamos comprender sobre aquellas “conductas” que pueden ejecutarse, sea para una irregularidad contractual, o para una práctica restrictiva de la competencia.
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