“Toda la prensa mediatiza la violencia ejercida por los indígenas hacia los policías, pero ninguno habla de los desalojos aún más violentos realizados a cientos de comunidades que son obligadas a dejar sus tierras”, había expresado un usuario de twitter recientemente. A través de esa expresión queda al desnudo de una manera muy simple el […]
“Toda la prensa mediatiza la violencia ejercida por los indígenas hacia los policías, pero ninguno habla de los desalojos aún más violentos realizados a cientos de comunidades que son obligadas a dejar sus tierras”, había expresado un usuario de twitter recientemente. A través de esa expresión queda al desnudo de una manera muy simple el condicionamiento social para ofenderse por agresiones ejercidas a grupos específicos.
La aprobación parlamentaria de la ley que criminaliza la invasión de inmuebles constituyó la cachetada suficiente que necesitaban los pueblos indígenas para exigir el reconocimiento de su autonomía y derechos por sus tierras ancestrales. Si bien la oleada de violencia registrada hace días no tiene un justificativo suficiente, ¿en verdad podemos culpar a un grupo de nativos que piden la devolución de sus tierras arrancadas ilegalmente?
De acuerdo a una investigación actualizada al 2018 y realizada por Rodrigo Villagra, presidente e investigador de la Organización Tierraviva, de los datos del Censo Indígena Nacional III hecho por la Institución Nacional de Estadísticas, de 520 comunidades indígenas, 135 no cuentan con tierra propia, representando así el 26%, lo que equivale a 1 de cada 4.
“La población indígena en general se encuentra con una brecha muy amplia, el 70% se encuentran en pobreza absoluta, mientras el resto está en pobreza extrema. Así también, de cada 3, al menos 1 se encuentra invadida o afectada por el uso ilegítimo de los recursos naturales de sus tierras, bosques y suelos para el cultivo de agronegocios”, destacó Villagra.
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