Desde el estercolero en que Lava Jato ha convertido la política en la región debe recordarse el primer –e impecable– antecedente sobre la Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que consta en los documentos aprobados por los Presidentes de América del Sur, reunidos por primera vez en Brasilia el 31 de agosto y 1 de setiembre de 2000, a invitación del Presidente Fernando Henrique Cardoso [1].
El principal, es la declaración prolijamente negociada por los embajadores en Brasil (fui uno de ellos) cuando Lula ni siquiera era candidato (inició su mandato el 2003). No gobernaban Kirchner, Evo, Correa o Tabaré Vásquez. Hugo Chávez fue parte del acuerdo poco después de ser elegido en democracia. El ALBA no existía. Lo que se discutía entonces era el ALCA propuesta por EE.UU. Además de infraestructura y comercio, el Comunicado Presidencial de Brasilia abarca la temática de paz, seguridad, democracia, drogas y delitos asociados, e información, conocimiento y tecnología.
Esa I Cumbre también aprobó un Plan de Acción específico y minucioso para la IIRSA [2], con proyectos de infraestructura (llamados Ejes de Desarrollo) y criterios complementarios a los convenidos en el Comunicado. Los acuerdos enlazados a pie de página demuestran que nunca se tuvo el propósito de crear otro organismo como muchos de los que sobreviven en nuestro poblado cementerio regional sino funcionar con instituciones eficientes como la CAF y el BID.
Pero bastó la llegada de Lula, Kirchner y Toledo para alentar las aspiraciones geopolíticas y corruptoras del chavismo, propiciando la malhadada confiscación de los acuerdos consagrados el año 2000 a fin de convertirlos en pretexto con el objetivo de inventar, innecesariamente, la Comunidad Sudamericana de Naciones-Unasur, una propuesta peruana cuya partida de nacimiento es la Declaración del Cuzco (diciembre 2004) adoptada en la III Cumbre, presidida por Alejandro Toledo.
El híper organismo se implementó los años siguientes en base al Tratado Constitutivo (2008) que se (mal)negoció con la pretención de establecer una suerte de multifacético gobierno sudamericano bajo la férula de Lula, Chávez y Kirchner (su primer Secretario Ejecutivo de renombre). El comando operaría en el espectacular edificio obsequiado por Rafael Correa, en Quito; con el respaldo político del Parlamento Sudamericano, al que Evo Morales regaló otro ostentoso edificio en Cochabamba (2008).
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