En el último tiempo, se volvió común escuchar que algunas leyes fueron sancionadas de manera atropellada, en el sentido de que no hubo estudio previo ni debate suficiente en el Congreso para aprobarlas, sobre todo en casos de propuestas del Poder Ejecutivo. De hecho, esta idea de “atropello” ha sido, en la conversación pública, uno de los principales puntos de entrada para analizar la dinámica política.
Frente a esta crítica, una de las réplicas más frecuentes ha consistido en decir que los senadores y diputados, escogidos por el pueblo, están legitimados a formar mayorías como les venga en gana. Y, en el ámbito parlamentario, tener los números es lo único que cuenta para crear y modificar normas. De acuerdo con esta mirada, quien esté insatisfecho con los resultados en el Poder Legislativo, debería, en lugar de reclamar más análisis o discusión, buscar cómo cambiar el balance de poder en su interior.
Con ocasión del inicio del periodo de sesiones de la legislatura, quisiera compartir algunos comentarios respecto a esta segunda postura, presentando argumentos, de índole constitucional, para rechazarla. Me interesa subrayar que la labor del Congreso está regida por reglas muy claras, orientadas a garantizar transparencia, información, inclusión, participación y deliberación en su funcionamiento, las cuales están muy lejos de aceptar que se convierta en un espacio dedicado a la mera validación de decisiones del Poder Ejecutivo.
Comienzo recordando que el trabajo del Congreso se da en sesiones públicas, de cara a la sociedad, y no a través de un papeleo secreto que impediría apreciar las razones que motivan las resoluciones de sus integrantes. En efecto, las reuniones reservadas están reconocidas por el reglamento de ambas cámaras como excepciones.
Los senadores y diputados, según la Constitución (artículo 191), no pueden ser acusados judicialmente por las opiniones emitidas en el desempeño de funciones, para no cohibir la exposición de criterios y tener el debate parlamentario más abierto y desinhibido posible. En esa línea, los congresistas también están protegidos de mandatos imperativos (artículo 201), de suerte que puedan estar predispuestos a cambiar sus posiciones.
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