En tiempos en que la libertad de prensa se ve amenazada por decisiones judiciales cuestionables, es imperativo reafirmar el derecho inalienable de los medios de comunicación a informar de manera libre e independiente. Las acciones recientes de dos juezas del Poder Judicial, Guillermina Ramírez de Giubbi y Gladys Alicia Villamayor de Godoy, representan un claro […]
En tiempos en que la libertad de prensa se ve amenazada por decisiones judiciales cuestionables, es imperativo reafirmar el derecho inalienable de los medios de comunicación a informar de manera libre e independiente. Las acciones recientes de dos juezas del Poder Judicial, Guillermina Ramírez de Giubbi y Gladys Alicia Villamayor de Godoy, representan un claro intento de silenciar a este medio y de impedir la socialización de aberraciones jurídicas que afectan a la sociedad.
Este caso específico involucra a un menor de edad, arrebatado de la tutela de sus abuelos paternos tras nueve años de convivencia, para ser entregado a su madre biológica, quien lo había abandonado. La jueza Ramírez de Giubbi ordenó esta transferencia sin más trámite, y permitió que la ujier notificadora, Fátima Cataldo, violara leyes al ingresar a una vivienda particular para ejecutar el mandato. En lugar de denunciar el abuso de su ujier, la jueza buscó respaldo en su colega, Villamayor de Godoy, perpetuando una cadena de decisiones arbitrarias.
La medida cautelar emitida por Villamayor, que ordena a los medios de comunicación dejar de publicar sobre el caso, constituye una clara violación a la libertad de prensa. La Clave, en todas sus plataformas, se opone firmemente a esta violencia institucional ejercida por las juezas, quienes buscan silenciar la verdad y proteger sus decisiones cuestionables.
En una verdadera justicia, las juezas Ramírez de Giubbi y Villamayor de Godoy, junto con la ujier Cataldo, deberían ser procesadas por sus violaciones a la Constitución Nacional y al Código de la Niñez y la Adolescencia. Estas acciones deben ser observadas y rectificadas por la Corte Suprema de Justicia, garantizando que el estado de derecho prevalezca.
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