La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que en 2009, durante el gobierno de Evo Morales en Bolivia, las fuerzas del Estado ejecutaron extrajudicialmente y torturaron a cinco miembros de un supuesto grupo armado.
Según el informe al que tuvo acceso El Deber, la CIDH afirma que para evitar un juicio internacional, Bolivia debe juzgar a los responsables dentro del territorio boliviano.
El caso ocurrió el 16 de abril de 2009, cuando un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió las habitaciones de Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer, que resultaron muertos. Ese misma madrugada, Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.
“Constan en el expediente notas de prensa que refieren que miembros de la Fiscalía y de la Policía departamental de Santa Cruz no fueron considerados porque todo estuvo a cargo del Ministerio de Gobierno, desde La Paz, y que tenían orden de no intervenir”, detalla el informe responsabilizando al Estado nacional y no a las fuerzas de Santa Cruz. Esa noche, apunta El Deber, el entonces presidente Evo Morales se encontraba en Venezuela, mientras que el entonces Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, había viajado a Brasil.
El gobierno dio la orden de proceder, según la comisión, en un operativo sin ninguna orden judicial ni fiscal.
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