Lamentablemente para nuestro país, en el tema de las discusiones sobre el Tratado de Itaipú, nuestra Cancillería se mantiene herméticamente cerrada al debate público, evitando confrontar otra interpretación diferente sobre el tema de la supuesta cesión obligatoria en la que basa su estrategia actual.
En abril pasado, en colaboración con la Comisión de Energía y la Comisión de Entes Binacionales de Diputados, se ha organizado el primer panel debate sobre Derecho de Adquisición Preferente al cual hemos cursado invitación a la Cancillería y a la ANDE para escuchar sus argumentaciones defendiendo la cesión obligatoria. Lamentablemente no obtuvimos eco favorable.
Quizá la fina cristalería del techo de la estrategia de la Cancillería les impide a sus representantes soportar debates donde la entrada cobrada es a base de argumentos y patriotismo.
La Cancillería cambió el debate sensato por una suerte de dogmatismo de la revisión del Anexo C, una cuestión de creencia indiscutible y concluyente, justificándolo a través de la inexistente cesión obligatoria y la autoprohibición para vender nuestros excedentes en un mercado abierto y competitivo.
Con la demostración jurídica de que el derecho de adquisición preferente, contenida en el artículo XIII, es simplemente el derecho de cada país de igualar el mejor precio de la subasta del excedente en el mercado eléctrico del otro país, queda al aire la actual estrategia del ministerio de RR.EE. y la ANDE.
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