El caso del senador Hernán Rivas entra en su fase más crítica: pese al sobreseimiento por prescripción, juristas, gremios y políticos presionan por la cancelación de su matrícula y alertan que sus decisiones como "juez de jueces" podrían ser anuladas, desatando un efecto dominó sobre fallos contra magistrados y fiscales.
La crisis que rodea a Hernán Rivas dejó de ser un escándalo político para convertirse en un problema institucional de alto voltaje. Aunque fue sobreseído en la causa penal por presunta falsificación de título debido a la prescripción de los hechos, el foco se trasladó con fuerza a otro terreno: la validez de su matrícula profesional y, sobre todo, las consecuencias que tendría su eventual anulación.
Mientras el expediente judicial pierde impulso en lo penal, gana terreno un escenario mucho más complejo: qué pasará con todas las resoluciones que firmó como integrante y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el órgano encargado de juzgar a jueces y fiscales.
La última jugada política se definió en Mburuvicha Róga, la residencia presidencial. Allí, tras una reunión con el presidente Santiago Peña y la cúpula del oficialismo, la bancada de Honor Colorado anunció que acompañará el pedido de permiso presentado por Rivas.
El senador solicitó apartarse sin goce de dieta, en lo que se interpreta como un intento de descomprimir la presión. Sin embargo, la medida debe ser tratada por el pleno de los 45 senadores, por lo que su salida aún no está formalmente concretada.
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