El gobierno de Daniel Noboa sostiene que la nueva ley busca frenar el flujo de capitales ilícitos y actividades delictivas, mientras que la oposición y organismos internacionales advierten sobre riesgos de criminalización para la sociedad civil
La Asamblea Nacional de Ecuador, controlada por el oficialismo, aprobó este martes la Ley de Transparencia Social, enviada por el presidente Daniel Noboa, que establece mecanismos de regulación y supervisión sobre las organizaciones sin fines de lucro.
La norma fue defendida por el gobierno como clave para frenar el flujo irregular de capitales y actividades delictivas, pero recibió un rechazo abierto de la oposición y de organismos internacionales, que alertaron sobre un posible uso para criminalizar a la sociedad civil.
La ley respalda un mayor control estatal sobre las actividades y los fondos de asociaciones, fundaciones y otras entidades civiles. Durante el debate en el Parlamento, la asambleísta oficialista Mishel Mancheno argumentó que la legislación responde a la necesidad de cerrar vías para el ingreso de recursos ilícitos.
"La Unidad de Análisis Financiero y Económico identificó que durante los cinco primeros meses de este año se reportaron más de 600 millones de dólares en operaciones no justificadas y el Banco Central reportó que de 2007 al 2020 circularon 22.000 millones de dólares no justificados en el sistema financiero", precisó la legisladora.
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