La ANDE no puede ser “obligada” a subsidiar industrias, afirma experto

La ANDE no puede ser “obligada” a subsidiar industrias, afirma experto

Solo por ley. El Gobierno debería impulsar una ley para compensar a un sector y no obligar a la ANDE. Costo. El inminente aumento en los costos de generación no permite acordar tarifas congeladas.

La delicada situación financiera de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y las presiones políticas para que la estatal otorgue beneficios tarifarios a inversionistas extranjeros sigue causando reacciones. El ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ángel María Recalde, afirmó que no le constan las presiones, pero recordó que la institución eléctrica no tiene la obligación ni la capacidad legal ni financiera de ceder ante exigencias que comprometan su carta orgánica.

Sobre la posible presión que ejercen sectores gremiales y el Ejecutivo para lograr acuerdos tarifarios, Recalde sostuvo que es comprensible que se coloque una carga pesada sobre la empresa, pero subrayó que existen límites infranqueables para la presidencia de la estatal. El ex funcionario advirtió que el titular de la ANDE, como máxima autoridad, no puede verse compelido a ignorar el marco legal que rige a la entidad. “Si ese arreglo lo lleva a ir contra de su Carta Orgánica que es la Ley 966/64, eso evidentemente va a ser responsabilidad del presidente de la ANDE”, dijo a ÚH.

El ingeniero Recalde enfatizó que si existiera una voluntad política de otorgar condiciones especiales, el camino no puede ser la imposición administrativa, sino la creación de un marco normativo claro, coincidiendo con las declaraciones públicas del ingeniero Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la ANDE.

El ex funcionario de la EBY afirmó que si se busca una exoneración o un subsidio de la tarifa, eso tendría que aprobarse por ley, ya que de lo contrario se estaría infringiendo la normativa vigente. Insistió en que si no se quiere infligir la Carta Orgánica, que es una ley, se tendría que tener alguna autorización por otra ley, o sea, que de alguna manera le proteja esa decisión que vayan a tomar las autoridades de la empresa estatal.

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