Los detalles en la nota.
Tras la sanción a Zully Ortiz, la máxima instancia judicial analiza medidas preventivas contra funcionarios y abogados imputados por corrupción en juzgados de paz.
La Corte Suprema de Justicia resolvió solicitar los legajos de 25 abogados y funcionarios vinculados a la “mafia de pagarés”. Esta medida responde a un pedido formal del ministro Gustavo Santander Dans. El objetivo es analizar si estos profesionales recibirán la . A ella ya se le suspendió la matrícula profesional tras ser procesada judicialmente.
La máxima instancia judicial había iniciado previamente sumarios administrativos contra este grupo de sospechosos. Sin embargo, el Consejo de Superintendencia no había adoptado medidas preventivas hasta el momento. La falta de suspensiones permitía que los investigados continuaran interviniendo en juicios similares. Esta nueva etapa busca evitar que los implicados sigan ejerciendo funciones dentro del sistema judicial paraguayo.
El cambio de postura de la Corte surge tras los incidentes protagonizados por Ortiz. La abogada enfrenta cargos por estafa debido a su supuesta participación en el esquema delictivo. Además, pesa sobre ella la sospecha de haber atentado contra la labor de un periodista. Estos antecedentes aceleraron la necesidad de revisar la situación de los demás auxiliares de justicia.
Leer la nota completa en Resumen de Noticias
