La justicia de Ecuador cerró el cerco alrededor del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017) al enjuiciarlo por su presunta participación en el secuestro de un legislador ecuatoriano y opositor ocurrido en 2012 en Colombia.
QUITO. El exmandatario, que sigue en libertad a pesar de que afronta desde julio una orden de prisión preventiva, solo podrá ser enjuiciado si es capturado o si se presenta ante el tribunal, pues la ley impide su juzgamiento en ausencia por ese delito, castigado con hasta siete años de cárcel.
Correa, que presidió el país de 2007 a 2017 y vive junto a su familia desde hace un año en Bélgica, de donde es originaria su esposa, tilda de “farsa” la acusación.
Hoy se supo que el exgobernante socialista presentó en junio una solicitud de asilo en Bélgica, país donde reside junto a su familia desde 2017.
Correa está en la mira de la justicia por el caso del exdiputado opositor Fernando Balda, quien lo acusa de ordenar su secuestro cuando estaba en Bogotá en 2012.
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