La Justicia paraguaya, en su manejo del caso Metrobús, ofreció en las últimas semanas un espectáculo que parece sacado de un restaurante con un “menú a la carta” donde, dependiendo del comensal, el mismo plato principal cambia radicalmente de sabor, y tal vez de precio. Mientras un exministro de Obras Públicas recibe un pedido de sobreseimiento definitivo por parte de la fiscalía, otro es imputado por hechos que, en teoría, forman parte del mismo expediente fallido. La comparación entre el intento de desvinculación de Ramón Jiménez Gaona y el procesamiento de Arnoldo Wiens desnuda, una vez más, las sospechas de selectividad, influencias políticas y doble vara que carcomen la credibilidad del sistema judicial y socaban el Estado de derecho. Un sistema donde la toga parece ajustarse al color político del momento no es justicia; es un menú privilegiado donde unos comen gratis y otros pagan la cuenta completa. Y cuando la justicia se sirve a la carta, el único plato que queda para la sociedad es la frustración.
La Justicia paraguaya, en su manejo del caso Metrobús, ofreció en las últimas semanas un espectáculo que parece sacado de un restaurante con un “menú a la carta” donde, dependiendo del comensal, el mismo plato principal cambia radicalmente de sabor, y tal vez de precio.
Mientras un exministro de Obras Públicas recibe un pedido de sobreseimiento definitivo por parte de la fiscalía, otro es imputado por hechos que, en teoría, forman parte del mismo expediente fallido. La comparación entre el intento de desvinculación de Ramón Jiménez Gaona y el procesamiento de Arnoldo Wiens desnuda, una vez más, las sospechas de selectividad, influencias políticas y doble vara que carcomen la credibilidad del sistema judicial y socaban el Estado de derecho.
Haciendo memoria de los hechos recientes, el Ministerio Público –se supone que tras revisar documentación extensa, incluyendo arbitrajes internacionales y pericias– solicitó el sobreseimiento definitivo para Jiménez Gaona, exministro en la era de Horacio Cartes, argumentando que no existió perjuicio patrimonial durante su gestión.
El equipo fiscal conformado por Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle argumentó en su pedido, que la obra avanzó aproximadamente un 40%, fue entregada en funcionamiento y validada por fiscalizadores externos y el BID. Aludió además que no existió pago sin obra y que no hubo malversación demostrable. (Última Hora – 16/02/2026). De esta forma, el exministro cartista parecía encaminarse a quedar fuera del proceso sin mayores sobresaltos y hasta con honores.
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