Laura LópezMadrid, 13 abr (EFE).- El nuevo pacto migratorio avalado por el Parlamento Europeo supone un refuerzo de las fronteras frente a las llegadas irregulares, un mecanismo de solidaridad obligatoria, aunque flexible, para acoger refugiados y procesos más rápidos para conceder o no el asilo, y todo ello despierta críticas en España de algunos juristas, además de ONG.
En un análisis sobre el impacto en España, varios expertos en Derecho internacional y flujos migratorios consultados por EFE cuestionan que vaya a aliviar la presión migratoria que sufre el país, con llegadas masivas por mar desde el continente africano.
En 2023, llegaron de manera irregular 56.852 personas, un 82,1 % más que un año antes, según datos oficiales.
Destacan los expertos el riesgo de que no se respeten correctamente las garantías de los migrantes en los procedimientos de asilo y la gran ausencia de mecanismos de migración legal para afrontar la necesidad de España de más trabajadores.
Uno de los pilares del pacto es un mayor control de las fronteras: "Anticipo que este endurecimiento no va a acabar con las llegadas irregulares, lo que va a provocar es mayor sufrimiento en las personas que traten de entrar", según Diego Boza, doctor en Derecho e investigador sobre inmigración y derechos humanos.
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