La Junta Asesora y de Control del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) corroboró una serie de anomalías en la provisión de sistemas de agua potable que el ente viene gestionando a través de ONGs. El grupo contralor decidió ayer suspender nuevos proyectos, hasta tanto se verifiquen las obras por las cuales ya se pagaron entre el 50% y 100% de los recursos.
El encargado de realizar las verificaciones fue el Ing. Erico Ibáñez, representante del Ministerio de Hacienda ante la Junta, que ayer trató en su sesión el “negocio” de los pozos. De acuerdo con el informe presentado, se observaron varias irregularidades y cuestionamientos en obras construidas en los siguientes distritos y colonias visitados, todos de San Pedro: General Resquín, Liberación, Choré, San Estanislao, Unión, Yryvucuá, San Pablo, Santa Rosa y Lima (ver infografía).
En tres meses de verificaciones (de febrero a abril), se encontraron sistemas de agua potable cuya construcción apenas fueron iniciadas y algunas que ni siquiera empezaron y solo se cuenta con los materiales en la zona de obra, pese a que según los registros institucionales se llegó a desembolsar más del 50% del valor establecido.
Incluso, en algunas localidades donde debían construirse los pozos (y por los cuales se ha desembolsado parte de los fondos asignados), estos simplemente no fueron encontrados.
Todos estos proyectos fueron encarados por el Indert a través del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), con transferencias directas a ONGs que contrataron a “constructoras” de políticos colorados.
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