Tras el rescate del narcotraficante Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, la Corte Suprema de Justicia resolvió extremar los recaudos para evitar riesgos innecesarios. La primera medida adoptada en este sentido fue disponer el envío de personal y equipo informático a la cárcel de Concepción bajo estrictas medidas de seguridad, para realizar desde ahí la transmisión del juicio oral y público que se desarrollará en el Poder Judicial de la zona, a dos acusados por asociación terrorista en Paso Tuyá.
Se trata de Reinaldo Zeballos Colmán y Santiago Mercado Sosa, acusados de dar apoyo logístico al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que participarán de su juicio por videoconferencia. Así lo dispuso ayer la Corte, tras “vetar” la realización del juicio en Asunción y la constitución de los jueces Fulvio Salinas, Hernán Estigarribia y Magdalena Dos Santos en el centro penitenciario.
También ayer, la Corte dispuso la suspensión de 58 funcionarios planilleros, cuyos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, para su procesamiento por cobro indebido de honorarios.
En la sesión del pleno, el presidente Eugenio Jiménez exhibió fotos de capturas de pantalla de filmaciones del circuito interno del Palacio, donde se los observa ingresar a la institución únicamente para marcar tarjeta y luego retirarse minutos después, durante varios días.
Por otro lado, por mayoría los ministros designaron a la secretaria del Consejo de Superintendencia de la CSJ Geraldine Cases como miembro del Tribunal de Apelación en lo laboral, dejando de la lado a la cuñada del presidente Mario Abdo Benítez, Andrea Ferreira. Asimismo, fueron confirmados varios fiscales como Alicia Sapriza, Joel Cazal, Fátima Escobar y Egidia Gómez.
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