La jueza penal de garantías, Cinthia Garcete, volvió al ojo de la tormenta tras “blanquear” a dos exintendentes de la ciudad de Hernandarias, procesados por desvíos multimillonarios durante sus respectivas administraciones en un periodo de cinco años de mandato. Los liberales llanistas Mario Castillo y Erico Agüero fueron los beneficiados por la cuestionada magistrada al otorgarles el sobreseimiento definitivo, luego de un sospechoso pedido de la fiscal Carolina Rosa Gadea durante la audiencia preliminar.
El histórico de impunidad propiciada por la jueza Garcete a políticos se inició con el sobreseimiento definitivo del actual senador colorado Javier Zacarías Irún, para quien fiscales especializados de la capital habían requerido elevar la causa para su discusión en juicio oral y público, pero no se consideraron las pruebas y el político quedó impune.
En agosto de 2018, los agentes policiales de la comisaría 1ª, Arnaldo Sanabria Gauto y Adolfo Concepción Fernández, fueron procesados por extorsionar al visitante brasileño Guillermo Silva Bueno, a quien liberaron previo pago de 2.500 reales. La magistrada se encargó de sobreseerlos definitivamente y dejarlos impunes. En este caso, la fiscal Estela Ramírez allanó dos veces la dependencia policial en busca de elementos probatorios, acompañada del juez Carlos Vera.
Otro beneficiado con sobreseimiento definitivo por la jueza Cinthia Garcete fue Elías Bernal Sánchez, lacayo de ZI, procesado por abuso sexual en niños, en la se negó a realizar la prueba de ADN, para reconocer al niño, cuya paternidad se le atribuía. Garcete también excluyó pruebas fundamentales ofrecidas por la fiscal Liliana Alcaraz en la causa que por tráfico de influencias se le seguía al diputado liberal Carlos Portillo, entre otros sonados casos.
La magistrada se hizo conocida por sus desatinadas decisiones y existen fundadas presunciones de que cuenta con la protección de políticos, ya que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados le había requerido ciertas carpetas entendidas por ella, pero nunca fue siquiera amonestada. Abogados que, con argumentos jurídicos, pretenden resoluciones favorables, señalaron a La Clave que la jueza es igualmente protegida por la propia ASOMAP, gremio que nuclea a los jueces de la zona, que aparece con sendos comunicados en su defensa y algunos hasta cambiaron el contenido de las siglas por asociación...
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