La mensura había sido realizada sobre 14.090 hectáreas, cuando que Barbero Cué en realidad tiene 17.343 hectáreas, que es el total de las tierras donadas por el Gobierno italiano. Cárdenas inscribió la propiedad en los Registro Públicos con más de tres mil hectáreas menos, pero ayer quedó firme la sentencia que anuló dicho acto.
“Declarar nula la Escritura Pública Nº 35 del 2 de setiembre del año 2016 extendida ante la escribana mayor de Gobierno Marta B. Narvaja, así como su inscripción en la Dirección General de Registros Públicos y las inscripciones registrales a que ella hubiere dado lugar”, indica la primera parte de la resolución judicial.
Seguidamente, ordena que se libren los oficios a la Escribanía Mayor de Gobierno y a Registros Públicos, y establece las costas en el orden causado, o sea, los campesinos deberán costear sus propios abogados y no el Indert como se da en otros casos cuando las costas corren por parte del lado perdedor del litigio.
SITUACIÓN. Ahora, el Estado paraguayo y el italiano deben firmar la transferencia del inmueble donado con la totalidad de la superficie, ya que, según informó la abogada de los campesinos Leticia Almada Paoli, el compromiso del Indert y el Gobierno es que no apelarán la resolución de primera instancia.
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