El expresidente permanecerá en el Regimiento Escolta Presidencial. La Justicia también dispuso medidas sobre su patrimonio.
El juez Humberto Otazú dictó en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank. El exmandatario está imputado por lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. Permanecerá recluido en el Regimiento Escolta Presidencial. La Justicia también ordenó la inhibición de sus bienes y el embargo preventivo de sus fondos.
Durante la audiencia de imposición de medidas, Peña se abstuvo de declarar. Otazú explicó que la prisión preventiva busca garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal. Al ingresar al despacho judicial, el expresidente fue esposado conforme al protocolo. “No puede ser ko, soy un expresidente de la República”, respondió inicialmente, aunque finalmente aceptó el procedimiento.
La investigación está relacionada con el cierre de Ueno Bank, que comprometió USD 850 millones de fondos públicos. Según la imputación, Peña habría intervenido en decisiones sobre depósitos estatales en la entidad financiera. Los recursos provenían del IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE, Caja Bancaria, Cajubi y la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE. La Fiscalía señala un perjuicio preliminar de G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495.
En la causa N.º 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ Lesión de Confianza y otros”, el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital hizo lugar al requerimiento fiscal. Dispuso la inhibición general de enajenar y gravar bienes y el embargo preventivo de fondos y productos financieros de Peña y Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.
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