Para fundamentar la medida restrictiva de libertad, el juez Humberto Otazú sostuvo que no se puede soslayar la naturaleza ni
Para fundamentar la medida restrictiva de libertad, el juez Humberto Otazú sostuvo que no se puede soslayar la naturaleza ni la gravedad de las conductas atribuidas por el Ministerio Público. La hipótesis fiscal sostiene que Helga Lizany Concepción Solís Gómez desempeñó un rol de operadora de confianza y nexo estratégico dentro de la estructura criminal liderada por su tío, el fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes, utilizando sus influencias para tejer alianzas con funcionarios e interceder ante agentes del sistema de justicia y de los organismos de seguridad.
En el dictamen judicial se resalta que a Solís Gómez se le atribuye la realización de gestiones, intermediaciones y coordinaciones en diversas causas penales, así como el acceso, manipulación y transmisión de información altamente sensible. Estas maniobras habrían tenido como objetivo principal entorpecer el desarrollo de los procedimientos oficiales, direccionar investigaciones a favor del grupo investigado y procurar la impunidad de los integrantes de la organización dedicados al tráfico de sustancias y lavado de activos.
Asimismo, el magistrado enfatizó que la complejidad del caso y el perfil de la encausada demandan una cobertura cautelar rigurosa. «Considerando la gravedad y naturaleza de los hechos atribuidos, la pluralidad de personas investigadas, los vínculos institucionales que presuntamente habrían sido utilizados y la eventual posibilidad de contar con contactos o medios que faciliten el ocultamiento o el abandono del país, se advierte que el peligro de fuga constituye un riesgo que debe ser especialmente valorado», señala un extracto de la resolución.
Con la confirmación de la reclusión en la unidad policial especializada, la exasistente del Ministerio Público se suma a los altos mandos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y jefes militares que también fueron enviados a prisión preventiva dentro de la misma causa. La Fiscalía dispone de los plazos procesales correspondientes para continuar colectando evidencias sobre la extensión de las ramificaciones institucionales que operaban al servicio del crimen organizado.
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