Para el camarista Gustavo Ocampos, quien luego de 36 años deja la magistratura, no hay duda de que la Contraloría es el órgano habilitado por la Constitución para estudiar la correspondencia de bienes de jueces y hacer la denuncia ante Fiscalía para la formación de una causa penal por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, etc., … “Jueces que van por mala senda son los que buscan eludir control” Leer más »
Para el camarista Gustavo Ocampos, quien luego de 36 años deja la magistratura, no hay duda de que la Contraloría es el órgano habilitado por la Constitución para estudiar la correspondencia de bienes de jueces y hacer la denuncia ante Fiscalía para la formación de una causa penal por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, etc., en caso de detectar incongruencia. “Aquellos que están en la mala senda, pueden utilizar formas para ir eludiendo el control. Se debe verificar el crecimiento patrimonial fuera de lo debido”, dice. Considera que se tienen que actualizar declaraciones juradas,...
Ocampos está de acuerdo que la Contraloría impulse el estudio de correspondencia de bienes de los magistrados. Con relación a este tema, manifestó a El Observador entrevista lo siguiente:
“Si bien nuestra Constitución habla (de la presentación de las declaraciones juradas) dentro los 15 días lego de asumir el cargo y 15 días al salir; pero ese ínterin entre una y otra, puede pasar mucho tiempo. Yo no me opongo a que periódicamente, como una vez hizo la Contraloría de actualizar estas declaraciones juradas. Hoy en día cambiaron los formularios de declaraciones juradas, ya no es solo de la persona afectada, sino también de padre, madre, hermanos, hijos; específicamente porque muchas veces aquellos que están en la mala senda, pueden utilizar formas para ir eludiendo, debe ser...
“La Contraloría puede examinar, es su función y cuando note que hay algo categóricamente irregular, entonces puede remitir los antecedentes para la formación incluso de una causa por enriquecimiento ilícito, lavado u otras cosas o cohecho pasivo agravado. Entonces, con mayor razón y eso decíamos que en caso de recaer sentencia condenatoria, acreditarse todo eso, que también a aquellos que incurren en eso, ya que no han tenido la suficiente entereza de manejar los valores éticos, se le inhabilita en el ejercicio del cargo público”, manifestó Ocampos.
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