En los últimos 8 meses los transportistas están recurriendo a la figura del “mandamiento de embargo preventivo y secuestro” por supuestas deudas de G. 800.000 a G. 9 millones reclamadas por terceros a los dueños de los buses chatarras, que permite retirarlos del corralón del VMT sin abonar elevadas multas por violar la normativa vigente para las empresas de transporte público intermunicipal del área metropolitana de Asunción (Central y Bajo Chaco.
Cuatro jueces de paz, tres de Alto Paraná y uno de Central, y una de primera instancia de Central (ver infografía) fueron los que emitieron la orden judicial de liberar 36 buses chatarras retenidos por el VMT en los últimos 8 meses.
Llamativamente, los casos surgieron para el cobro de deudas contraídas por los dueños de los colectivos chatarras con terceras personas.
Al poco tiempo de conseguirse el retiro del corralón del VMT por la orden judicial, sin pagar las multas, se retiraron las demandas iniciadas en los juzgados que originaron la orden del secuestro de los buses, en su mayoría con más de 20 años de antigüedad, explicaron en el VMT.
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