Dos de los 28 manifestantes detenidos aseguran que fueron reducidos con violencia, privados de comunicación y retenidos sin orden judicial. Una abogada advierte violaciones a garantías constitucionales, mientras autoridades felicitan el operativo policial.
Mauricio Lejarraga y Nicolás Palavesino, dos de los jóvenes apresados en la zona del Congreso, denunciaron a NPY que fueron perseguidos, golpeados y privados de información sobre los motivos de su detención. Ambos permanecen recluidos en la Agrupación Especializada junto con otras 26 personas.
Según relataron, fueron capturados en las calles Antequera y Azara y llevaban cerca de 12 horas retenidos sin que se les notificara causa alguna. "Preguntamos por qué estábamos detenidos y uno de los oficiales respondió: 'Allá vemos'", señalaron.
La abogada Raquel Talavera afirmó que el procedimiento vulneró los artículos 12 y 32 de la Constitución, que garantizan el derecho a la manifestación y el debido proceso. Sostuvo que no existe ninguna orden legal de detención y que no fueron informados de cargos concretos, pese a que la Policía habría comunicado los arrestos al Ministerio Público.
"Tenemos varios compañeros golpeados. Fuimos perseguidos por la montada y emboscados por el Grupo Lince. El trato era como si fuéramos criminales", expresó Mauricio Lejarraga.
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