El ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, desconoció el rol constitucional de la Contraloría, que en un extenso dictamen le ordenó cancelar la licitación del aeropuerto, cuya entrega tiene la oposición unánime de trabajadores y especialistas.
Jiménez Gaona dijo en una solicitada en este mismo diario que “la Contraloría valoró cuestiones para las cuales no tiene competencia”, argumento con el cual justifica la falta de acatamiento de la recomendación que le hizo el ente auditor de cancelar la licitación del aeropuerto tras hallar diversas irregularidades en el proceso.
La Constitución Nacional en su artículo 281 le otorga a la Contraloría el carácter de “órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado”, mientras que el artículo 16 de la Carta Orgánica de esa institución de control refiere que “sus conclusiones, recomendaciones y dictámenes serán de cumplimiento obligatorio”. Aún así, Jiménez Gaona sostiene que la Contraloría “se extralimitó” y pidió a la Justicia anular el dictamen. La intervención de Contraloría se había iniciado tras una denuncia hecha por varios legisladores.
Esta licitación, conducida por Jiménez Gaona y miembros de un comité denunciado hoy ante la Fiscalía, estuvo salpicada desde un primer momento por irregularidades, que fueron replicadas tanto en este diario como en el colega Última Hora, en radioemisoras y canales de televisión.
La acusación en cuestión contra el comité de evaluación fue hecha a principio de este año por el Sindicato de Empleados y Obreros de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Seodinac), por los hechos punibles de prevaricato y producción de documento público de contenido falso, con relación al dictamen que le fabricaron a la empresa Sacyr los funcionarios Claudia Centurión y Dionisio Mereles.
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