En el programa Tiempo Real, el abogado Rogelio Ríos abordó las controversias en torno al sistema de estacionamiento medido en Encarnación, destacando la falta de transparencia, irregularidades administrativas y el rol limitado de la gobernación frente a la autonomía municipal. A continuación, se resumen los puntos clave de la entrevista y sus implicancias. Contexto del […]
En el programa Tiempo Real, el abogado Rogelio Ríos abordó las controversias en torno al sistema de estacionamiento medido en Encarnación, destacando la falta de transparencia, irregularidades administrativas y el rol limitado de la gobernación frente a la autonomía municipal. A continuación, se resumen los puntos clave de la entrevista y sus implicancias.
El sistema de estacionamiento medido en Encarnación, gestionado por una empresa privada, ha generado malestar ciudadano debido a la opacidad en el manejo de multas y la falta de vinculación con la municipalidad. Según Ríos, la empresa cobra las multas directamente, pero no comparte información con la municipalidad, lo que crea un vacío administrativo. Los sistemas de ambas entidades no están integrados, y los ciudadanos enfrentan dificultades al intentar resolver sanciones, ya que la municipalidad desconoce los datos gestionados por la empresa.
Un punto crítico señalado es que la empresa no emite facturas por los pagos, lo que podría constituir una evasión fiscal. Ríos sugirió que esto justificaría la intervención de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para investigar posibles irregularidades, incluyendo el lavado de activos. Además, la municipalidad no garantiza la protección de los datos personales de los usuarios, como patentes o domicilios, que son recolectados por la empresa sin un marco legal claro.
Ríos explicó que la gobernación y la junta departamental tienen atribuciones limitadas, ya que la municipalidad es autónoma. Sin embargo, la junta puede pronunciarse sobre temas de interés departamental, como lo ha hecho en casos de impacto social, por ejemplo, el crimen de Fernanda en Caguazú. En este caso, la junta podría emitir un pronunciamiento no vinculante instando a la municipalidad a revisar el sistema de estacionamiento. Sin embargo, sin pruebas documentales sólidas, como las que podría presentar Contraloría Ciudadana, es poco probable que la municipalidad actúe.
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