La presencia de jubilados que vuelven a ser contratados dentro del Instituto de Previsión Social (IPS) vuelve a encender el debate sobre el uso de cargos de confianza y la falta de reglas claras para el retorno a la función activa dentro de la institución. Otro aspecto cuestionado es la cantidad de personas contratadas bajo la figura de cargos de confianza. Los 92 funcionarios catalogados como cargos de confianza en el IPS representan una gasto importante: un costo mensual de G. De los 92 funcionarios con cargos de confianza, 42 ingresaron durante la administración del actual presidente del IPS, Jorge Brítez, mientras que 50 son herencias de administraciones anteriores.
La presencia de jubilados que vuelven a ser contratados dentro del Instituto de Previsión Social (IPS) vuelve a encender el debate sobre el uso de cargos de confianza y la falta de reglas claras para el retorno a la función activa dentro de la institución.
Según datos recabados, algunos funcionarios que ya accedieron a la jubilación continúan trabajando en el IPS mediante contratos, como asesores. De esta manera, perciben simultáneamente su jubilación y un salario como contratados, una situación que solo estaría al alcance de personas con cercanía directa con miembros del Consejo de Administración o con la presidencia del ente.
La práctica genera cuestionamientos dentro de sectores vinculados a los aportantes, que señalan que no se trata necesariamente de perfiles altamente especializados o irremplazables, sino que responden a vínculos políticos.
Entre los casos identificados figuran Dora Lilian Torres de Argüello, asesora de la presidencia del IPS; Marta Valenzuela, asesora del consejero José Jara; y Berta Rodríguez, asesora del consejero representante del sector obrero.
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