El Instituto de Previsión Social (IPS) quedó nuevamente envuelto en una fuerte controversia tras revelarse que operó durante años con sistemas contables paralelos, una práctica cuestionada por organismos de control y que derivó en observaciones millonarias, debilidades de fiscalización y millonarias adjudicaciones para plataformas informáticas.
Informes de auditoría, observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y evaluaciones internas detectaron que la previsional utilizó simultáneamente distintos mecanismos de control financiero, pese a que la normativa nacional establece que las instituciones públicas deben operar exclusivamente bajo el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAF), administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Las irregularidades habían sido advertidas ya en 2024 por la Contraloría durante la administración de Jorge Brítez. Sin embargo, en medio de ese escenario, el IPS terminó adjudicando más de G. 122.765 millones para la renovación, mantenimiento y ampliación de plataformas tecnológicas vinculadas al sistema SAP y a infraestructura informática.
Del total, G. 112.372 millones fueron destinados a la firma Infocenter SA para la implementación y mantenimiento de un sistema integral de gestión de aportes y recaudación, mientras que otros G. 10.395 millones fueron adjudicados a Softshop SA para infraestructura de hardware.
Según los informes técnicos, el IPS operaba con el sistema SAP y, paralelamente, con el sistema estatal SIAF, situación considerada incompatible con las normas de control gubernamental. Incluso se menciona la coexistencia de otros registros históricos utilizados anteriormente, como el sistema INGRID.
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