Los empresarios españoles Alvaro Lasso Génova y Guillermo José Casado Amezua Lasso, quienes fueron acusados por presunta compra sobrefacturada de helicópteros para la Policía Nacional durante el gobierno de Fernando Lugo, movieron USS 1 millón con una sociedad offshore abierta en Panamá que usaba una cuenta bancaria en Bahamas. Ocurrió mientras la Fiscalía los investigaba, en el 2013.
Alvaro Lasso y Guillermo Casado Amezua Lasso son dos españoles con varias empresas en nuestro país y contra quienes en 2013 se inició una investigación penal por un presunto negociado en la compra de helicópteros para la Policía Nacional, proceso en el cual también fue incluido el exministro del Interior Rafael Filizzola.
Los mencionados extranjeros siempre tuvieron buenos vínculos con influyentes políticos y abogados en Paraguay. Por ejemplo, entre sus asesores jurídicos han estado el exjefe del Gabinete Civil de la Presidencia y exministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y el exprocurador General de la República, Sergio Coscia, ambos altos funcionarios estatales durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez.
El 23 de mayo de 2013 comenzó el proceso penal con la imputación contra Lasso, Casado Amezua, Filizzola y otros por presunto negociado en la compra de 4 helicópteros usados (segunda mano) para la Policía Nacional. El contrato significó unos G. 47.890 millones y estuvo salpicado por sospechas de sobrecosto y denuncias de que la mitad de las aeronaves ni siquiera estaban operativas.
Tres meses después de iniciado el proceso penal, el 19 de agosto de 2013, se inscribió ante los registros públicos de Panamá una empresa denominada Striem Investments S.A, a través de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un agente especializado en la creación de offshores en países con laxos controles financieros. Alcogal aparece en los Pandora Papers como uno de los proveedores financieros más utilizados por políticos en América Latina.
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