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El intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, vendió el puerto municipal por USD 700.000 (G. 3.899.000.000), de los cuales gastó más de G. 900 millones en pago de salario y G. 1.400 millones en préstamos. Sin embargo, en su informe a la Cámara de Senadores faltó a la verdad sobre el salario.
La transacción con la empresa TLP se ejecutó silenciosamente en julio del año 2017 con la aprobación de 11 concejales municipales. Tras unos meses de investigaciones periodísticas, el caso saltó a la luz pública y el intendente no tuvo otra más que confesar la transacción.
Tras iniciarse las movilizaciones ciudadanas exigiendo la renuncia del intendente Urbieta y la intervención municipal, por intermedio de la senadora Blanca Ovelar, la Cámara de Senadores solicitó un informe al Ejecutivo municipal sobre la venta del puerto, que fue cedido por el Ministerio de Defensa en forma perpetua a la Municipalidad (con cláusula clara de que no debe ser vendido). En el informe, el intendente mintió a los senadores, ya que no informó qué parte del dinero fue destinado a salarios.
En el informe a senadores, en el punto g el intendente dice: “Destino concreto del dinero percibido: servicios no personales (gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones), adecuación ambiental del relleno sanitario municipal, reinstalación de la planta de tratamiento de residuos patológicos, combustibles y lubricantes, trabajos de desagües cloacales, pluviales y condominiales en diversas arterias del municipio de Concepción”.
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